Por aquellas fechas, Pedro
Morenés, hombre muy próximo a la Zarzuela que Rajoy ha nombrado ministro de
Defensa, era consejero
de Instalaza, principal fabricante español de bombas de racimo. Y justo en
julio de 2008, el Gobierno de Zapatero aprobó una moratoria en la producción de
estas armas tan dañinas.
Según denunció con pruebas Human Rights
Watch, algunas de las bombas producidas por Instalaza con Morenés en su consejo
fueron utilizadas por Muamar Gadafi en la reciente guerra que la OTANcon la
participación de unidades españolas contribuyó a decantar a favor de los
rebeldes. Pero el problema que puede afrontar Morenés
con su llegada a Defensa no es sólo de orden moral, sino muy práctico e
inmediato: Instalaza, en cuyo consejo se sentó el ministro hasta septiembre
según el Registro Mercantil reclama desde mayo al Gobierno por la vía judicial
40 millones de euros de indemnización por los supuestos daños causados con la
moratoria.
Complejo
militar-industrial
"No
tiene precedentes que un representante destacado del complejo
militar-industrial asuma directamente el Ministerio de Defensa y Morenés, sin
duda, lo es", opina Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs, entidad
pacifista especializada en el comercio de armas.
Su vinculación a la industria que depende
de los contratos de Defensa uno de los Ministerios más amenazados por los
recortes va mucho más allá de Instalaza: Morenés, secretario de Estado de
Defensa y de Seguridad con Aznar, vuelve al Ministerio desde la presidencia de
Segur Ibérica, empresa a la
que Defensa encarga tareas de seguridad privada a los atuneros
que faenan en el Índico. Y hasta ahora se sentaba en los consejos, entre otros,
de MBDA, el gran fabricante mundial de misiles que según el Centre Delàs
también tuvo a Gadafi entre sus clientes; Kuitver, consultoría de i+D
especializada en seguridad y defensa; Aritex Cading, que incluye servicios de
diseño militar industrial; Gamo Outdoor, gran fabricante estadounidense de
rifles y pistolas, e I-Sec Iberia, consultoría para asuntos de seguridad.
Fondos de la PAC
Si los pacifistas están en alerta máxima,
los ecologistas también, tras el nombramiento de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Ya durante su etapa de ministro de
Agricultura con Aznar, Arias Cañete fue objeto de polémica porque su esposa,
Micaela Domecq, y su familia gestionaban empresas perceptoras de fondos
procedentes de la
Política Agraria Común. Hoy siguen al frente de firmas de
explotación agraria.
Pero
ahora Arias Cañete dirigirá también Medio Ambiente, pese a destacar al frente
de cuatro de los lobbies más enfrentados a los ecologistas: el protrasvases en
2000, el ministro prometió a los regantes que el trasvase del Ebro se haría "por
cojones", el petrolero suma 326.000 euros en
participaciones del sector, el del automóvil posee seis coches y una moto, y
preside la Fundación del RACE, cuyo fin es fomentar el uso del automóvil y el
del ladrillo: coincidía con Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal, en el consejo de Bami Newco, la
empresa que refundó Joaquín Rivero, uno de los reyes caídos del sector, tras su
defenestración de Metrovacesa y Gecina.
Los lobbies tienen otras terminales en el
nuevo Gobierno: el ministro
de Educación, José Ignacio Wert, suma ya décadas de vinculación al Grupo Prisa,
propietaria de la principal editora de libros de texto, y fue asesor de la
presidencia del BBVA; el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, es
muy próximo al Opus Dei, y la CEOE no sólo rema en la misma dirección que Luis
de Guindos sino que el jefe de la Oficina Económica del presidente, Álvaro Nadal,
es hermano de un vicesecretario de la patronal, con quien comparte credo
liberal.
En 2008, Luis de Guindos quizá no tenía
elementos para saber que su propio banco estaba a un paso de la quiebra. Pero nadie podrá acusar a Rajoy de no haber dado pistas sobre la
política de su Gobierno desde el primer día.
